Alquiler: qué subidas permite el decreto convalidado y qué medidas han caído
El BOE confirma la continuidad del decreto 29/2026 y la derogación del 28/2026. Sigue el límite del 2 % sin nuevo pacto, con casos de congelación y el techo adicional del IRAV; las renovaciones sucesivas de cinco o siete años no entran en vigor.
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La decisión de la Diputación Permanente del Congreso del 12 de noviembre ya tiene reflejo oficial: las dos resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado del día 13. Para quien recibe una carta de revisión del alquiler, la consecuencia práctica es comprobar conjuntamente la cláusula de su contrato, el índice aplicable y las restricciones extraordinarias. Una notificación del propietario no equivale por sí sola a un nuevo acuerdo entre las partes.
Dos decretos, dos resultados: qué publicó el BOE
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, publicado el 7 y vigente con carácter general desde el 8 de octubre, quedó convalidado: mantiene su vigencia y las fechas particulares de sus medidas. La resolución de convalidación es la BOE-A-2026-23755. El Real Decreto-ley 28/2026 quedó derogado por la resolución BOE-A-2026-23754. Este segundo texto tenía prevista su entrada en vigor para el 15 de noviembre: fue rechazado antes de llegar a aplicarse.
La votación la hizo la Diputación Permanente, el órgano que mantiene las funciones parlamentarias correspondientes cuando las cámaras están disueltas. No se aprobaron unas enmiendas que mezclasen ambos textos: uno sobrevivió y el otro cayó. El País y elDiario.es explican ese resultado y sus consecuencias; el detalle jurídico procede de las normas y resoluciones oficiales.
El antecedente de la votación de octubre está en el archivo de Pulso Diario; esta información recoge el resultado posterior de noviembre.
| Medida | Resultado | Efecto principal |
|---|---|---|
| Límites a la revisión anual y prórroga extraordinaria de hasta dos años | Se mantienen: decreto 29/2026 | Con las condiciones y plazos específicos de cada medida |
| Renovaciones sucesivas de cinco años, o siete si el casero es una empresa | Decaen: decreto 28/2026 | No nace la nueva renovación automática prevista para el 15 de noviembre |
| Nuevo preaviso de seis meses del propietario e indemnización por no prorrogar | Decaen: decreto 28/2026 | No pueden reclamarse como derechos creados por ese decreto rechazado |
La derogación del 28/2026 no elimina las protecciones distintas incluidas en el 29/2026 ni otros derechos que ya pudieran corresponder.
Fuentes: [1] BOE · Resolución de convalidación del RDL 29/2026, publicada el 13 de noviembre · [2] BOE · Resolución de derogación del RDL 28/2026, publicada el 13 de noviembre · [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [4] BOE · Real Decreto-ley 28/2026, derogado antes de su entrada en vigor prevista · [6] El País · Las medidas del decreto de vivienda que siguen adelante, 12 de noviembre · [7] elDiario.es · Resultado de la convalidación y rechazo del segundo decreto, 12 de noviembre
Cuánto puede subir la renta: 0 %, 2 % o un límite menor
La disposición final sexta del decreto 29/2026 se aplica a las anualidades de contratos de vivienda sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que deban actualizarse entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Si la renta supera el máximo aplicable del sistema de precios de referencia, no procede ningún incremento. En los demás casos, se aplica lo que resulte de un nuevo pacto; si no existe ese nuevo pacto, la subida no puede superar el 2 %. La disposición no exige para ese límite del 2 % que el propietario sea gran tenedor ni que la vivienda esté en una zona declarada tensionada.
Ese 2 % tampoco sustituye las condiciones más favorables del contrato ni autoriza a actualizar donde no hay pacto expreso de revisión. Además, el artículo 18.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos mantiene como techo el Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, conocido como IRAV. Es un porcentaje publicado por el Instituto Nacional de Estadística: se toma el último publicado en la fecha de actualización. La reforma extiende expresamente ese límite a contratos anteriores sujetos al régimen indicado; no basta decir que un contrato es anterior a 2023 para aplicarle exclusivamente el IPC.
La lectura conjunta es esta: cuando la renta no deba congelarse y no haya un acuerdo nuevo, hay que respetar el menor límite que resulte de la cláusula contractual, el IRAV y el 2 %. Un nuevo pacto puede cambiar el límite extraordinario del 2 %, pero no borra el techo del IRAV ni permite el incremento prohibido por superar la referencia. La antigua cláusula de revisión por IPC —el índice de precios de consumo— no constituye por sí misma un nuevo pacto posterior.
| Situación en la revisión | Subida máxima del ejemplo | Nueva mensualidad máxima |
|---|---|---|
| Renta por encima del máximo de referencia aplicable | 0 % | 1.000 € |
| Cláusula que arroja 3 %, IRAV del 2,5 % y sin nuevo pacto | 2 % | 1.020 € |
| Cláusula que arroja 3 %, IRAV del 1,5 % y sin nuevo pacto | 1,5 % | 1.015 € |
| Cláusula que limita la revisión al 1 %, IRAV del 2,5 % y sin nuevo pacto | 1 % | 1.010 € |
| Contrato sin pacto expreso de actualización y sin acuerdo nuevo | No procede actualización | 1.000 € |
Cálculos ilustrativos, no valores del IRAV de un mes concreto. Las filas con incremento presuponen que no se cumple el supuesto de congelación y que se reúnen los requisitos de actualización y notificación.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [5] BOE · Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado
IRAV y precio de referencia son dos cosas distintas
El IRAV sirve para limitar el porcentaje de actualización. El Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, o SERPAVI, estima una horquilla de importes para una vivienda con características concretas. Comparar la renta con el máximo individual aplicable es lo relevante para valorar la congelación; la media del barrio o un anuncio inmobiliario no sustituyen ese valor. La regla que impide subir tampoco ordena, por sí sola, rebajar la renta existente hasta esa referencia.
La consulta oficial necesita datos reales del inmueble. Entre ellos puede figurar su calificación de consumo energético: una letra desconocida no debe rellenarse como A ni como G para obtener un resultado conveniente. Hay que solicitar el certificado correspondiente. Si el sistema no proporciona un valor individualizado o faltan datos decisivos, no se puede presentar el 0 % como una conclusión acreditada; la disposición no establece una cifra alternativa para resolver esa falta de información.
También conviene separar esta revisión anual del precio inicial de un contrato nuevo. Los límites de nueva contratación en zonas tensionadas tienen reglas propias en el artículo 17, con diferencias según el anterior alquiler, la condición de gran tenedor y las excepciones legales. La congelación de una revisión no significa que todos los pisos de España pasen a tener un único precio máximo de contratación.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [5] BOE · Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado · [10] Ministerio de Vivienda · Consulta del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler · [11] Ministerio de Vivienda · Metodología SERPAVI 2026
Qué comprobar cuando llega la carta de subida
Primero, la fecha en que se cumple la anualidad del contrato: el aviso no cambia ese aniversario. Después, la existencia y redacción de la cláusula de actualización, el índice publicado aplicable y, cuando pueda acreditarse, la comparación con la referencia individual del inmueble. Una propuesta unilateral del 2,54 %, por ejemplo, no desplaza el límite extraordinario del 2 % por el simple hecho de haber sido comunicada. Todavía podría proceder un porcentaje inferior o ningún incremento.
El artículo 18.2 exige notificación escrita con el porcentaje aplicado y permite pedir la certificación correspondiente del Instituto Nacional de Estadística. La renta actualizada es exigible desde el mes siguiente al de la notificación, una vez respetados los demás requisitos. Conviene conservar el contrato, los avisos, los índices y el resultado de la consulta, y responder por un medio que deje constancia si el cálculo no coincide. El importe exacto requiere esos documentos, no solo el titular de una noticia.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [5] BOE · Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado

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La prórroga de hasta dos años sí continúa, con requisitos
La disposición final quinta permite solicitar una prolongación extraordinaria por anualidades, hasta dos años adicionales, para contratos de vivienda habitual vigentes al entrar el decreto en vigor. Contempla la finalización de la prórroga obligatoria antes del 31 de diciembre de 2028 y los restantes vencimientos de prórrogas o tácita reconducción que describe el precepto. Se exige estar al corriente de pago y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. La petición la hace el inquilino: no es una renovación automática de cualquier alquiler.
Durante la prolongación se mantienen los términos del contrato. La aceptación es obligatoria salvo las excepciones previstas: acuerdo distinto, nuevo contrato o necesidad real y acreditada de ocupación del propietario o familiares en los términos legales. En esta prórroga no se exige que la facultad de recuperación por necesidad estuviera expresamente prevista en el contrato, pero sí causa real y acreditada y los plazos y condiciones legales. La prórroga de hasta tres años en zona tensionada del artículo 10.3 tiene preferencia y no se acumula a esta. Tampoco opera esta prolongación cuando se acuerda renovar o celebrar otro contrato con una renta al menos un 5 % inferior.
El decreto también conserva determinadas solicitudes efectuadas durante la vigencia del Real Decreto-ley 8/2026, sin exigir otra comunicación. En cambio, las renovaciones sucesivas de cinco o siete años y la indemnización especial por no renovar pertenecían al decreto 28/2026 rechazado. En el artículo 10.1 que permanece vigente se mantienen cuatro meses de aviso del propietario y dos del inquilino para evitar la prórroga ordinaria, con el régimen particular de las anualidades; no los seis meses previstos en el texto derogado. La aplicación a contratos antiguos exige atender a su régimen transitorio.
Fuentes: [1] BOE · Resolución de convalidación del RDL 29/2026, publicada el 13 de noviembre · [2] BOE · Resolución de derogación del RDL 28/2026, publicada el 13 de noviembre · [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [4] BOE · Real Decreto-ley 28/2026, derogado antes de su entrada en vigor prevista · [5] BOE · Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado
Temporada, habitaciones, garantías y gastos: qué cambia
Los nuevos alquileres temporales deben tener una causa real y acreditable de desplazamiento, expresada en el contrato, cuya prueba corresponde al arrendador. Su duración debe superar 31 días y no exceder, como regla general, doce meses; puede continuar si persiste la causa justificada. Más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, o superar doce meses sin justificación, activa la consideración de vivienda habitual prevista en la norma. Los contratos de temporada anteriores conservan su régimen hasta terminar el plazo pactado; la renovación se somete a las reglas nuevas. También se preservan las competencias y normas autonómicas aplicables.
La suma de los alquileres simultáneos de habitaciones no puede exceder la renta del alquiler unitario de la vivienda; en zona tensionada se añaden los límites correspondientes. Se prohíbe exigir al inquilino un seguro de impago. La garantía adicional a la fianza se limita a dos mensualidades en contratos de vivienda de hasta cinco años, o siete con arrendador empresa, y a una en los temporales. No se confunde esa garantía con la fianza legal.
El nuevo artículo 20 impide imponer al inquilino tributos de la vivienda salvo que sea su obligado tributario; los gastos de gestión inmobiliaria y formalización corresponden al arrendador. El artículo 11 permite desistir del alquiler habitual tras seis meses con treinta días de aviso, y del temporal tras un mes con diez días, sin indemnización por ese desistimiento conforme al nuevo régimen. No deben trasladarse todas estas novedades indiscriminadamente a contratos antiguos: fuera de los cambios con extensión expresa, hay que comprobar la legislación que regía al celebrarlos. La publicidad debe informar de los límites y de la condición de gran tenedor cuando proceda; la referencia del precio se exige en anuncios de zonas tensionadas.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [5] BOE · Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado
Desahucios: protección condicionada y obligaciones de la Administración
Hasta el 31 de diciembre de 2030 se mantiene el régimen de suspensión para personas vulnerables sin alternativa habitacional. No es una prohibición universal de todos los desahucios. El artículo 2 distingue las entidades adquirentes de inmuebles o deuda descritas en su apartado primero del resto de demandantes. En este segundo grupo interviene la Administración competente, la suspensión se revisa cada doce meses y puede durar como máximo tres años; el texto incluye excepciones relacionadas con la vulnerabilidad del propietario y los titulares personas físicas de dos viviendas o menos. En los casos previstos también reconoce compensación al arrendador.
Para determinados procesos por impago, la reforma incorpora una forma extraordinaria de cerrar el procedimiento pagando la deuda. Acreditada la vulnerabilidad, la Administración tiene dos meses desde la notificación para ofrecer alojamiento adecuado o pagar o consignar todas las cantidades y costas contempladas. Si no cumple, la norma prevé su subrogación en la posición deudora y evita el lanzamiento mientras subsista la vulnerabilidad, manteniendo el contrato hasta su expiración. Esto requiere el procedimiento y las condiciones legales: no equivale a autorizar que cualquier inquilino deje de pagar.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [6] El País · Las medidas del decreto de vivienda que siguen adelante, 12 de noviembre · [7] elDiario.es · Resultado de la convalidación y rechazo del segundo decreto, 12 de noviembre
Deducción del inquilino y ventajas fiscales del propietario
La nueva deducción estatal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, es del 10 % del alquiler admisible para contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. Base imponible no significa sueldo bruto. Si no supera 23.007,20 euros, la base máxima deducible es de 11.630 euros: el beneficio máximo resultante es de 1.163 euros. Entre ambos umbrales, la base máxima se reduce mediante la fórmula 11.630 − 1,163 × (base imponible − 23.007,20).
Hay un requisito patrimonial familiar: durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni los miembros de su unidad familiar pueden ser titulares, individual o conjuntamente, de la totalidad del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda a menos de 50 kilómetros, salvo impedimento administrativo o judicial para usarla. No puede duplicarse para la misma vivienda y periodo con la antigua deducción estatal transitoria de contratos anteriores a 2015. La Agencia Tributaria sitúa los efectos de esta novedad desde el 8 de octubre; no debe confundirse con la retroactividad a enero de otras medidas del decreto ni darse por resuelto sin criterio adicional el tratamiento de los pagos anteriores de 2026.
Para propietarios, el nuevo esquema de reducciones del rendimiento neto positivo se vincula a contratos celebrados desde el 1 de diciembre de 2026. Premia determinadas rebajas de renta superiores al 5 %, y puede llegar al 100 % en supuestos concretos; no es una exención general de todo el alquiler ni un derecho automático por cualquier reducción de precio. Los contratos anteriores mantienen los regímenes transitorios indicados por Hacienda: los previos al 26 de mayo de 2023 conservan el 60 %, y los del periodo posterior anterior a diciembre de 2026, las reducciones que correspondan del régimen anterior. Existe además una reducción del 80 % para ciertas prórrogas, con condiciones y fecha propias.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [9] Agencia Tributaria · Novedades y regímenes transitorios del RDL 29/2026
El resto del paquete que sigue adelante
El decreto convalidado contiene otras medidas de vivienda, fiscalidad y financiación. Convalidar su creación no significa que todos los programas estén abiertos: algunas disposiciones fijan fechas posteriores y otras necesitan acuerdos o desarrollo. Este es el mapa de las principales medidas adicionales, con su ámbito, para no confundirlas con el límite de la subida anual.
| Materia | Qué se mantiene | Condición o calendario |
|---|---|---|
| Compras de determinadas entidades y grandes tenedores personas jurídicas | Limitación de adquisiciones gratuitas o por debajo del 70 % del valor de mercado tasado | Hasta 31-12-2030; excepciones de vivienda asequible, fines sociales, operaciones anteriores y otros supuestos tasados. No es una prohibición de toda compra |
| Alquiler turístico y obras | IVA del 10 % en los alquileres amueblados de hasta 30 noches previstos y ampliación del tipo reducido a ciertas reparaciones para alquiler habitual | Desde 1-12-2026; excepción de residencia habitual del arrendador en el supuesto de corta estancia y requisitos propios de las obras |
| Vivienda protegida | IVA del 4 % para las viviendas de protección pública de calificación permanente o indefinida previstas | Desde 1-12-2026, según el artículo 7 |
| IBI | Recargos municipales sobre vivienda vacía y alojamientos turísticos en los supuestos previstos | Dependen de ordenanza, duración de desocupación, número de inmuebles y zona; no son un recargo universal automático |
| SOCIMI | Gravamen especial del 25 % sobre determinados beneficios residenciales no distribuidos | Con reducciones por alquiler asequible y reinversión; porcentajes de parque exigido transitorios para 2026 y 2027 |
| Financiación y parque público | Fondo de Vivienda de Impacto Social, con 400 millones iniciales; medidas de CASA47 y patrimonio público; financiación de vivienda social y asequible | La ejecución y el acceso dependen de las condiciones y desarrollos de cada instrumento |
| Primera compra: TU CASA | Préstamo sin intereses ni comisiones de hasta el menor importe entre 20 % del valor y 50.000 euros | Condiciones y acceso mediante acuerdo del Consejo de Ministros; precio de transmisión limitado permanentemente. Su creación no acredita ventanilla abierta |
| Definición de vivienda asequible | Precio de venta o alquiler, incluidos gastos asociados, referido al 30 % de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio | No equivale al 30 % de los ingresos particulares de cualquier inquilino ni crea por sí solo un alquiler máximo único |
| Otras disposiciones fiscales y financieras | Cambios de imputación inmobiliaria, coeficientes de plusvalía municipal, ayudas exentas, cesión de créditos y Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa | Calendarios propios; la nueva cuenta requiere la orden ministerial prevista antes de comercializarse |
Síntesis temática de la norma convalidada. Para liquidar impuestos o solicitar un programa hay que consultar el artículo y el desarrollo concreto; estas medidas no alteran por sí mismas el cálculo de la revisión anual de cada contrato.
Fuentes: [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [8] EFE · Principales medidas del decreto convalidado, 12 de noviembre · [9] Agencia Tributaria · Novedades y regímenes transitorios del RDL 29/2026
La protección del alquiler depende de poder comprobar el límite
El resultado parlamentario combina continuidad de medidas de contención y rechazo de la renovación de largo plazo propuesta. Para los hogares, el avance práctico depende de que puedan contrastar una carta de subida con una cláusula y una referencia comprensibles. Publicar solo «máximo del 2 %» deja fuera tanto las congelaciones como los límites menores y los acuerdos nuevos.
La contrapartida es una gestión más compleja para ambas partes: índices distintos, excepciones y regímenes transitorios. Las protecciones frente al desahucio añaden obligaciones públicas cuyo cumplimiento efectivo importa tanto como su aprobación. Confundir la creación de un programa con su disponibilidad o la suspensión de un lanzamiento con la desaparición de la deuda perjudica precisamente a quienes necesitan información para decidir.
Opinión de Pulso Diario · elaborada a partir de los hechos y fuentes citadosFuentes y límites de verificación
Situación contrastada a 18 de noviembre de 2026 con el texto oficial del decreto 29/2026, su consolidación y la Ley de Arrendamientos Urbanos; las dos resoluciones del BOE fijan el resultado. El País, elDiario.es y EFE aportan cobertura periodística, no sustituyen las condiciones legales. La fórmula de revisión es una explicación de la lectura conjunta de la norma, no una resolución sobre un contrato individual. Los ejemplos usan porcentajes hipotéticos. Sin datos reales del inmueble y valor de referencia aplicable no se acredita una congelación. La guía fiscal consultada no despeja aquí el tratamiento de los pagos anteriores al 8 de octubre para la nueva deducción de 2026. Las imágenes son ilustraciones conceptuales generadas con IA, no fotografías de la votación ni documentos oficiales.
Fuentes: [1] BOE · Resolución de convalidación del RDL 29/2026, publicada el 13 de noviembre · [2] BOE · Resolución de derogación del RDL 28/2026, publicada el 13 de noviembre · [3] BOE · Real Decreto-ley 29/2026: texto oficial y acceso a su consolidación · [4] BOE · Real Decreto-ley 28/2026, derogado antes de su entrada en vigor prevista · [5] BOE · Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado · [6] El País · Las medidas del decreto de vivienda que siguen adelante, 12 de noviembre · [7] elDiario.es · Resultado de la convalidación y rechazo del segundo decreto, 12 de noviembre · [8] EFE · Principales medidas del decreto convalidado, 12 de noviembre · [9] Agencia Tributaria · Novedades y regímenes transitorios del RDL 29/2026 · [10] Ministerio de Vivienda · Consulta del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler · [11] Ministerio de Vivienda · Metodología SERPAVI 2026
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